Imprudencia. Sí ésta es la cuestión clave de la gobernanza de las instituciones científicas en España. Carecemos de estatutos que regulen la forma de proceder cuando los directores/as, secretarios/as generales etc. entran, por su mala gestión o por las luchas internas, en situaciones comprometidas. En consecuencia es fácil que la decisión pase a ser tomada dentro de la cancha política, que no es mala cosa si el político está bien asesorado y el procedimiento de relevo o destitución está regulado en los estatutos. Supongo que llegará un día en el que los procedimientos serán aburridamente normales.